Órdago de Iglesias a Sánchez: presenta una ley para despenalizar las injurias al Rey y los jueces

Otro choque entre los partidos que conforman el Gobierno de Pedro Sánchez y esta vez en plena campaña electoral, la de los comicios catalanes del próximo domingo. El grupo de Unidas Podemos ha registrado en el Congreso de los Diputados una proposición de ley para derogar los tipos penales de injurias a la Corona, el de enaltecimiento del terrorismo o las ofensas contra sentimientos religiosos. Los del vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, lo han hecho en solitario, y no de forma conjunta con el PSOE.

Sin embargo, desde el partido de Pablo Iglesias esgrimen que ya tenían el visto bueno de Moncloa desde el mes de febrero de 2020 para presentar esta iniciativa, y que incluso la llegaron a registrar, pero luego la retiraron «debido a las urgencias de la pandemia», ha declarado el diputado de Unidas Podemos y portavoz de IU en el Congreso, Enrique Santiago. Acompañado del presidente del grupo, Jaume Asens, y en rueda de prensa en la Cámara baja, Santiago ha explicado que entonces, y siguiendo el protocolo del acuerdo de gobierno, se lo trasladaron al secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, el socialista José Antonio Montilla, y que éste hizo la debida consulta al Ministerio de Justicia de Juan Carlos Campo (PSOE), que autorizó la tramitación.

Sin embargo, la Secretaría de Estado de Comunicación anunció anoche -cuando Unidas Podemos ya había anunciado su rueda de prensa de este martes- que el «ministro de Justicia planteará una revisión de los delitos relaciones con excesos en el ejercicio de la libertad de expresión». Desde Unidas Podemos afirman «celebrar» esta reacción del Gobierno, pero la definen como una mera «declaración política», dado que no contiene ningún articulado.

Por ello, los de Pablo Iglesias esperan que el texto que finalmente se tramite sea el suyo vía proposición de ley y de forma urgente, puesto que no tienen constancia de ningún proyecto de ley del Gobierno al respecto. Además, Asens ha subrayado que el plan de Moncloa es «insuficiente» y ha incidido en que la reforma de Unidas Podemos «va más allá». «Hay que abordar el problema en términos más globales», ha subrayado.

En cambio, el portavoz adjunto del PSOE en el Congreso, Rafael Simancas, ha atribuido la presentación de la iniciativa de Unidas Podemos a la búsqueda de rédito electoral por parte de sus socios ante los comicios catalanes del próximo domingo. «Tenemos un acuerdo de gobierno y una dinámica y éxitos comunes, pero somos fuerzas distintas y estamos en campaña electoral», ha afirmado Simancas, esperando que ambas partes acaben unificando iniciativas porque «su propósito es el mismo», ha apostillado.

Tras la condena de Hasél

En su comparecencia, el secretario general del PCE y diputado de Unidas Podemos, Enrique Santiago, ha reconocido que presentan esta proporción de ley para que sea tramitada por la vía rápida «por las urgencia de la prisión de un cantante», ha reconocido. Se ha referido así al rapero Pablo Hasél, condenado a nueve meses de cárcel por un delito de enaltecimiento del terrorismo, e injurias y calumnias a la Monarquía y a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado por difundir mensajes atentatorios en redes sociales.

La Audiencia Nacional le dio el pasado 28 de enero diez días para entrar en prisión, lo que motivó la difusión este lunes de un manifiesto del sindicato de la ceja, con el director de cine Pedro Almodóvar o el actor Javier Bardem, entre los firmantes. Un texto que también precipitó los movimientos de PSOE, a través del Ministerio de Justicia, y Podemos, en el Congreso.

En concreto, el texto de la proposición de ley reproduce el de la misma iniciativa que ya registró Podemos en 2018 y que fue tramitada en la Comisión de Justicia con apoyo del PSOE, pero que decayó debido al adelanto electoral. Luego, los morados volvieron a registrarla el pasado febrero, ya en la actual legislatura, pero la retiraron por la pandemia.

El partido del vicepresidente Pablo Iglesias aboga por eliminar los delitos contra la Corona, recogidos en los artículos 490.3 y 491 del Código Penal. «Esta especial protección de la más alta institución política del país, en cuanto que ostenta la Jefatura del Estado, constituye un verdadero ataque contra la libertad de expresión. En un sistema democrático cuanto más poder tiene una institución mayor ha de ser la exposición a la crítica legítima por parte de la ciudadanía. De otra manera no se entiende la libertad política ni la democracia», sostienen los morados, poniendo así a Felipe VI en el foco de los ataques.

Asimismo, Unidas Podemos también quiere despenalizar las «injurias al Gobierno de la Nación, al Consejo General del Poder Judicial, al Tribunal Constitucional, al Tribunal Supremo, o al Consejo de Gobierno o al Tribunal Superior de Justicia de una Comunidad Autónoma y a los Ejércitos, Clases o Cuerpos y Fuerzas de Seguridad».

«ETA ya no está activa»

Además, el grupo de Pablo Iglesias pretende derogar el delito de enaltecimiento del terrorismo, recogido en el artículo 578 del Código Penal. «En un contexto en el que ni ETA ni GRAPO ni su entorno están ya activos, este delito no tiene ningún sentido salvo para reprimir la libertad de expresión», esgrimen los morados.

Y en cuanto a las ofensas contra sentimientos religiosos, mientras la extrema izquierda derriba Cruces católicas como en Aguilar de la Frontera (Córdoba), la iniciativa de Unidas Podemos exige acabar con el artículo 525 del Código Penal. «En un Estado aconfesional no han de primar los sentimientos de unos ciudadanos frente a otros. Lo único que habría que proteger es la libertad religiosa como derecho fundamental. En este sentido la legítima crítica contra las religiones, dogmas y creencias está amparada por la libertad de expresión», insisten los miembros comunistas del Gobierno de coalición.

«No preocupa a los españoles»

Desde el PP, su portavoz  en la Cámara baja, Cuca Gamarra, ha criticado que esta reforma «no es urgente ni necesaria» y ha advertido de que «no se trata de ampliar la libertad de expresión, sino de delitos que atentan contra el honor y la libertad de las personas». «Primero ha sido la okupación y ahora pasamos a los delitos de injurias y calumnias donde se quiere reducir el reproche penal a estas conductas. Este asunto no preocupa a los españoles sino a aquellos que tiene que cumplir un juicio justo tras ser condenados», ha enfatizado Gamarra. Por parte de Vox, su portavoz adjunta, Macarena Olona, ha enmarcado ambos movimientos de PSOE y Podemos en un intento por «contentar a sus socios» de legislatura, en alusión a los nacionalistas vascos, los separatistas catalanes y los proetarras de Bildu.